La Justicia tucumana ha dado un paso firme en la investigación por presuntas irregularidades en AETAT, ordenando el secuestro de los teléfonos celulares de dos de sus máximos referentes: Jorge Berreta y César Orell. La medida se dio en el marco de una denuncia penal que pone bajo la lupa el manejo de la entidad.
Sin embargo, más allá de la relevancia del procedimiento, lo que generó un fuerte sismo interno en la cámara empresaria fue la extrema frialdad y tranquilidad con la que Berreta entregó su dispositivo a los peritos. No hubo rastro de la sorpresa que suele acompañar a estos operativos.
Según fuentes cercanas, al ser consultado por uno de sus pares sobre su llamativa calma, Berreta habría deslizado una frase que sembró la duda: en tono jocoso, aseguró que “le habían anticipado la medida”.
Este “aviso” previo no solo cuestiona la reserva de las actuaciones judiciales, sino que deja un interrogante sobre la efectividad de la prueba: si el empresario sabía que su teléfono sería incautado, ¿qué información quedó realmente al alcance de la Justicia? La denuncia penal avanza, pero la sombra de las filtraciones ya empezó a jugar su propio partido.