El abogado Alfredo Aydar decidió interrumpir las actividades solidarias que venía desarrollando en Lamadrid tras recibir amenazas que, según afirmó, comprometieron su seguridad personal.
La decisión se produce en un contexto sensible: semanas atrás, Aydar había denunciado por presunta inacción al ministro Federico Masso, señalando la falta de respuestas oficiales frente a situaciones sociales críticas en el sur provincial.
En ese marco, el cese de su actividad abre una pregunta incómoda: ¿a quiénes les molestan las acciones solidarias en una de las zonas más postergadas de Tucumán?
Denuncia previa y conflicto institucional
Semanas antes de suspender su actividad, Aydar había cuestionado públicamente la falta de intervención estatal ante problemáticas sociales urgentes. Su señalamiento directo al Ministerio de Desarrollo Social agrega un componente político al episodio y complejiza la lectura sobre el origen de las amenazas.
El impacto en Lamadrid y las dudas abiertas
La interrupción de la ayuda deja a sectores vulnerables sin una asistencia directa que ya formaba parte de su cotidianeidad. Al mismo tiempo, crece la incertidumbre sobre quiénes podrían verse afectados por este tipo de acciones solidarias y hasta qué punto existen resistencias en el territorio a iniciativas por fuera de los canales formales.
Por ahora no hay precisiones sobre avances en una investigación. Mientras tanto, en el sur tucumano queda un vacío concreto y una inquietud latente sobre los límites —formales e informales— que enfrentan las iniciativas solidarias.