En Tucumán, la política no es un servicio público, es un seguro de vida para la descendencia. El último “logro” de la sociedad política (y conyugal) de Germán Alfaro y Beatriz Ávila no tiene que ver con mejoras para la provincia, sino con el bienestar privado de su propia casa: el desembarco de su hijo de 24 años, en el PAMI Tucumán.
Fuentes cercanas al “búnker” alfarista confirman que el cargo no es un reconocimiento a la trayectoria del joven, sino el precio del pacto que sus padres tejieron con el Gobierno Nacional. Mientras el matrimonio declama transparencia en los medios, por lo bajo operan con la vieja lógica del trueque: apoyos legislativos y estructura territorial a cambio de sueldos jerárquicos para los herederos.
Para Alfaro y Ávila, el PAMI no es una entidad que debe cuidar a los abuelos, sino una agencia de colocación de empleo de lujo. En un Tucumán donde conseguir trabajo es una odisea, para el “hijo de” solo hace falta que sus padres levanten el teléfono y pongan sus votos sobre la mesa.
En el Senado, se supone que los senadores representan a las provincias pero en este caso parece que Beatriz Ávila solo representa los intereses de su familia.